responsabilidad-menores

La responsabilidad penal de los menores

La responsabilidad penal de los menores está regulada en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores y se aplica a las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho que cometan hechos tipificados como delitos según el Código Penal.

Esta ley introdujo dos novedades muy importantes y demandadas por los ciudadanos.

Por un lado, contempló por primera vez la responsabilidad civil del infractor, con el objetivo de intentar reparar el daño causado a la víctima y que esta no quedara desamparada. De ahí nace la posibilidad de que a los padres del menor se les atribuya la responsabilidad civil solidaria respecto al daño que sus hijos causen.

Por otro lado, introdujo un régimen específico para mayores de 14 años y menores de 18, según el cual se puede exigir responsabilidad por cometer hechos tipificados como delitos por el Código penal, buscando su reinserción y adaptándolo a la edad, de manera que la ley no impone “penas”, sino “medidas” orientadas a la reeducación.

Dentro de las medidas más habituales encontramos el internamiento en diferentes tipos de regímenes (cerrado, semiabierto, abierto), centros de día, permanencia de fines de semana, libertad vigilada, entre otros.

En 2006, a raíz de casos tan desgarradores como el de Sandra Palo, se realizó una modificación mediante la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, que contempla la posibilidad de alargar el tiempo de internamiento en los centros hasta cinco años con un máximo más de 3 años de libertad vigilada y la posibilidad que el delincuente continúe cumpliendo la medida incluso habiendo alcanzado la mayoría de edad.

falso-testimonio

El delito de falso testimonio

El Código Penal castiga aquellas conductas consistentes en testificar faltando a la verdad en el seno de una causa judicial y para que haya comisión del delito el hecho de faltar a la verdad debe afectar sustancialmente a la resolución del proceso, no teniendo efectos el hecho de faltar a la verdad cuando la mentira sea intrascendente.

La pena por cometer falso testimonio puede ir de los seis meses a dos años de prisión y la multa de tres a seis meses. Y en el caso que el falso testimonio se de en una causa criminal y se cometa para perjudicar al reo, la pena podría ir de uno a tres años de prisión o la multa de seis a doce meses.

Puede darse el caso que el testigo falte a la verdad ante el temor de represalias y esta situación está prevista en la Ley Orgánica 19/1994 de Protección a testigos y peritos en causas criminales. En la Ley se establece que no habrá delito si se falta a la verdad ante un peligro grave para la persona, su cónyuge o persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad o sus ascendientes, descendientes o hermanos.

El falso testimonio de peritos e intérpretes se castiga con penas mayores y llevan aparejado, a parte, la inhabilitación especial para su profesión u oficio, empleo o cargo público, por tiempo de seis a doce años. En caso de no faltar sustancialmente a la verdad, pero sí alterarla con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que conozca, la pena es algo inferior, pero aun así se castiga la conducta con penas de multa de seis a doce meses más la inhabilitación de seis meses a tres años.

El bien jurídico protegido que se persigue estableciendo este tipo penal es el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, garantizando que el procedimiento sea lo más justo posible.

contratacion-familiar

Contratación de un familiar

No existe ningún impedimento legal para la contratación de un familiar, ahora bien, en función de la relación familiar entre ambos familiares se podrá contratar mediante una relación laboral o mediante una relación mercantil. En ese sentido, el artículo 7.2 de la Ley General de Seguridad Social establece que no tendrán consideración de trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba de lo contrario, los familiares de hasta segundo grado. Así pues, un familiar directo debe ser contratado como autónomo colaborador mediante una relación mercantil. Este tipo de contratación se debe al hecho de que como familiar se corre el mismo riesgo, ya que los frutos de la empresa se destinan a un beneficio común, la comunidad familiar. Cabe señalar que los hijos menores de 30 años que convivan en el domicilio familiar son considerados una excepción, pues el empresario está obligado a contratarlos como trabajadores por cuenta ajena.

El familiar autónomo colaborador, para poder trabajar tendrá que darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos y abonar la cuantía correspondiente a su bonificación. Además, no gozará del beneficio más importante del afiliado a la Seguridad Social, la prestación por desempleo.

A pesar de lo expuesto anteriormente, existe la posibilidad de hacer un contrato laboral a un familiar si este demuestra que no existen los requisitos para incluirlo dentro del régimen de trabajadores autónomos. El aspecto principal que se debe probar es la no dependencia con el domicilio familiar.

Cuando se pretenda dar de alta al trabajador se acompañará una declaración del empresario y del familiar en la que se hará constar la inexistencia de dependencia con el entorno familiar, que podrá ser denegada por la Inspección de Trabajo, y obligar así al empresario a contratar mediante una relación mercantil.

A modo de conclusión, la contratación de un familiar como autónomo no siempre es la solución más adecuada, pues acarrea una serie de consecuencias que pueden conducir al conflicto dentro del mismo domicilio.

ruidos-molestos

Ruidos molestos en Comunidades de Propietarios

La contaminación acústica es un problema muy común para aquellos que viven en una Comunidad de Propietarios sujeta al Régimen de Propiedad Horizontal.

Arrastre de muebles, instrumentos musicales sonando, gritos de niños, sonidos emitidos por animales, funcionamiento de aparatos electrónicos, entre otros, están a la orden del día en una comunidad de vecinos y pueden llegar a perturbar gravemente la convivencia, por lo que es importante conocer los límites máximos de ruido permitidos y la forma que hay para evitar molestar al resto de vecinos.

Indicar que cada Ayuntamiento tiene su normativa al respecto. Por ejemplo, en el caso de Barcelona, en los dormitorios no se pueden superar los 30 decibelios de 8 a 23 horas ni los 25 decibelios de 23 a 7 horas.

Como Administradores de Fincas, en caso de una situación de este calibre lo primero que recomendamos es dirigirse al vecino ruidoso y requerirle para que cese su actividad o reduzca el volumen. Esto puede hacerlo el vecino afectado por sí solo o la Comunidad en su conjunto si es la afectada. Es importante que el Presidente de la Comunidad esté informado y sea consciente en todo momento de lo que está sucediendo.

Si el vecino persiste en su actitud se deberá convocar una Junta Extraordinaria para abordar el asunto y emprender, si cabe, acciones legales.

Pese a que la primera recomendación es apostar por el diálogo, cabe recordar que la policía puede intervenir y abrir un expediente sancionador. De hecho, es la policía la encargada de medir mediante un sonómetro los niveles de ruido, cosa que ayudará a acreditar si nos encontramos ante un caso susceptible de sanción o no.

A parte del correspondiente expediente sancionador, de carácter puramente administrativo, existen varios procedimientos tanto en la jurisdicción civil y penal cuyo objetivo suelen ser eliminar el ruido y reclamar al causante del ruido una indemnización por los perjuicios ocasionados.

deber-de-socorro

El delito de omisión del deber de socorro

El Código Penal recoge una serie de bienes jurídicos que hay que proteger y uno de ellos es el de la solidaridad humana. En este contexto es fácil entender que exista el delito de omisión del deber de socorro, que pretende castigar a aquellos que no son solidarios y asisten a una persona que se encuentre en una situación de peligro.

Normalmente el bien jurídico que hay detrás de la solidaridad humana es la vida o la integridad física.

La primera situación castigada por el Código Penal es la de aquel “que no socorriera a una persona que se encontrara desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros”.

La segunda situación es aquella en la que, no pudiendo prestar socorro, no demande urgentemente auxilio ajeno.

Otro caso es aquel donde la omisión nace como consecuencia de un accidente ocasionado fortuitamente por quién luego omite el auxilio. Esto sería un caso agravado y se asigna mayor castigo, ya que es la propia persona que causó el daño quien omite el deber de socorro.

No obstante, sobretodo en accidentes de tráfico, el comportamiento de los Tribunales es bastante excepcional a la hora de condenar por estos delitos, a pesar de que los conductores se den a la fuga o se ausenten del lugar del accidente. Muchos Tribunales consideran que se trata de un comportamiento antisocial y acaban eximiendo de responsabilidad penal al imputado.

Indicar que el tipo más grave de omisión del deber de socorro es aquel en el que un profesional sanitario deniega la asistencia sanitaria o abandona a un paciente y posteriormente se deriva un riesgo grave para su salud.

 

delitos-contra-honor

Delitos contra el honor según el Código Penal

Los delitos contra el honor son aquellos que se dan cuando, mediante una expresión proferida o realizada, se emiten opiniones para desacreditar la honorabilidad de una persona y podemos distinguir el delito de injuria y el de calumnia.

La calumnia consiste en imputar a una persona un delito, a sabiendas de que dicha imputación es falsa y mostrando temerario desprecio hacia la verdad. Si la persona ofendida demuestra que las acusaciones son falsas, el calumniador podría ser condenado a una pena de hasta dos años de prisión. Existe un delito de calumnia agravada cuando la propagación de la falsedad se realiza con publicidad, por ejemplo:

Sólo quedará exento de responsabilidad si demostrase que dijo la verdad, es decir, que el calumniado cometió realmente el delito.

La injuria consiste en una acción o expresión que lesionan la dignidad de alguien, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Un ejemplo sería manifestar que una persona es infiel a su esposa. Por tanto, la injuria lo que lesiona es la dignidad o reputación del afectado y de la misma forma que en la calumnia, el acusado de injuria quedará libre de cargos si demuestra que lo que dijo era cierto.

En caso negativo podría imponérsele una pena de multa de hasta catorce meses.

Ambos delitos sólo pueden ser perseguidos a petición de la persona ofendida, siendo una excepción al resto de delitos donde el Ministerio Fiscal o los familiares también pueden hacerlo.

Durante los últimos años ha cobrado gran relevancia las injurias a través de internet y ha habido varias condenas, aunque no hay un criterio común establecido.

Finalmente, indicar que se castigan con más dureza delitos de opinión proferidos contra cualquier miembro de la Casa Real, Gobierno, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Supremo, Ejército y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

trabajadores-nocturnos

Derechos de los trabajadores nocturnos

Un recorte muy habitual de los empresarios hacia sus trabajadores es no reconocer las horas que según el Estatuto de los Trabajadores deben considerarse como nocturnas. En ese sentido, el artículo 36 del citado Estatuto hace una distinción entre las horas nocturnas y el trabajador nocturno.

 

Las horas nocturnas son aquellas realizadas entre las diez de la noche y las seis de la mañana, mientras que el trabajador nocturno es aquel que trabaja al menos durante tres horas en horario nocturno dentro de su jornada laboral. En todo caso, los contratos de trabajo de menores y los contratos de formación nunca podrán contener horas nocturnas en su jornada laboral.

 

Respecto a las limitaciones de los empresarios en los horarios nocturnos cabe destacar que la jornada laboral de un trabajador nocturno no puede superar las ocho horas, sin que haya la posibilidad de realizar horas extraordinarias. A su vez éste límite puede no aplicarse en los trabajos por turnos, como en el caso de las enfermeras, en los que no se podrá superar nunca la jornada laboral de ocho horas de promedio en cuatro semanas.

En cuanto a la retribución del trabajador nocturno, viene determinada por la negociación colectiva de cada sector. En este sentido los convenios colectivos recogen una cantidad fija o un porcentaje salarial para los trabajadores nocturnos conocido como el plus de nocturnidad. Dicha cantidad solo es obligatoria si se establece por convenio, y por lo tanto, no siempre es exigible.

 

Finalmente debéis saber que si el horario nocturno está afectando notablemente a la salud del trabajador, este tiene derecho a solicitar a la empresa que le destine a un puesto de trabajo diurno. Dicha empresa, en ningún caso estará obligada a crear un puesto de trabajo específico para el trabajador, sino que debe existir una vacante para que se pueda conceder el cambio.

absentismo-laboral

El despido por absentismo laboral

El absentismo laboral es toda aquella ausencia o abandono del puesto de trabajo sin causa justificada e implica por parte del trabajador un incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.

Existen tres tipos básicos de absentismo. En primer lugar, aquel en el que el trabajador no acude al centro de trabajo justificadamente y conociéndolo la empresa (permisos legales, enfermedades con baja laboral, accidentes de trabajo, etc); en segundo lugar aquel en el que el trabajador no acude al centro de trabajo careciendo de autorización de la empresa y, finalmente, aquel absentismo en el que, a pesar de acudir al centro de trabajo, el empleado dedica una parte del tiempo a tareas que no son las propias de la actividad laboral.

Con la normativa laboral en la mano el absentismo puede llegar a ser una causa de despido, ya sea mediante un despido disciplinario o mediante un despido por causas objetivas.

El despido disciplinario por absentismo considera que ha habido un incumplimiento grave y culpable del trabajador y se considera como tal las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.

El despido por causas objetivas debido al absentismo se da cuando, debido a la ausencia en el trabajo (aunque sea una falta justificada) el trabajador falte un 20% de la jornada hábil en dos meses consecutivos. En este punto no pueden computarse las ausencias debido a huelgas legales, ejercicio de actividades sindicales, accidente de trabajo, maternidad, vacaciones, enfermedad, entre otras.

Esta última modalidad de despido ha sido reforzada por la última Reforma Laboral y ha sido objeto de mucho debate y la jurisprudencia de los Tribunales discurre en varios sentidos, por lo que cabe analizar caso a caso si un despido de estas características podrá considerarse válido o no.

4-violencia-genero

Obligación de denunciar vs. prueba de cargo de la víctima en los delitos de violencia de género

El presente artículo tiene por objeto realizar una reflexión sobre el conflicto existente entre la conciencia colectiva, que anima a las víctimas de violencia de género a denunciar y la frustración, en cuanto a expectativas del proceso judicial. La víctima de violencia de género recibe así una doble victimización (la primera al sufrir la situación de violencia y, la segunda, al encontrarse con palos en las ruedas a nivel judicial).

El testimonio de la mujer se valora de forma minuciosa a diferencia de lo que ocurre en otros delitos. La violencia de género funciona conforme a unos mecanismos distintos a los de otros tipos delictivos, de forma que no se puede extrapolar a otros. La victima necesita tener elementos de pruebas firmes que lo acrediten.

Nuestro contexto social es bastante patriarcal, por lo que nos encontramos con que se culpa a la víctima, normalmente del sexo femenino, de la situación sufrida. Eso provoca que la víctima se apegue más al agresor y le cueste mucho más salir del círculo vicioso al que está sometida.

Las estadísticas muestran un problema que hay que combatir de raíz. En uno de los Congresos de Violencia de Género en Sevilla celebrado en noviembre de 2015, se aportó un estudio, que estimaba que en España habían ocurrido alrededor de 600.000 casos de violencia de género. De ellos 126.742 mujeres presentaron denuncias y como consecuencia de estas hubo 17.359 sentencias condenatorias. Por el contrario, 109.382 denuncias no acabaron en condena. Esto es, un 86,30% de denuncias que acaban en saco roto.

A nivel penal, el procedimiento acarrea muchos obstáculos para la víctima, a menos que cuente con testigos y pruebas fiables para demostrar la situación de violencia. En muchos casos, si la única prueba es la palabra de uno contra la del otro, se aplica el criterio in dubio pro reo y se resuelve a favor del presunto agresor.

Todo ello muestra que, a nivel general, en este tipo de delitos las pretensiones de la víctima no suelen llegarse a cubrir y que todavía estamos lejos de ser un referente en la lucha contra la violencia de género.

Indicar que el teléfono de Atención a víctimas de malos tratos por violencia de género es el 016.

3-trabajar-fuera-horas-contrato

¿Se puede trabajar más horas de las que figuran en el contrato?

Qué muchos trabajadores realicen más horas de las que se estipula en su contrato es una realidad a la orden del día. Se trata de una realidad que, más allá de ser más o menos molesto, conlleva consecuencias que no todos los trabajadores conocen. Consecuencias que van más allá de reclamar el salario de esas horas de más.

Toda situación consistente en que un empleado trabaje más horas de las que consta en su contrato y que no sean horas extras ni complementarias, puede ser considerada como una situación de fraude de ley.

Ante esta situación, ¿Qué puede hacer el trabajador?

En primer lugar, reclamar las cantidades salariales adeudadas, con el límite del periodo comprendido en los últimos 12 meses anteriores al momento de la reclamación. Esto se hace mediante una papeleta de conciliación en el CMAC.

Otra opción es ir directos a la vía judicial, solicitando al juzgado la extinción del contrato y una indemnización de 33 días por año trabajado. Además, también, se tiene derecho a percibir prestación por desempleo, que se le concede de igual forma que si se tratara de un despido ordinario.

Finalmente, también se puede solicitar la conversión del contrato como de carácter indefinido en virtud del Estatuto de los Trabajadores, ya que se entiende que los contratos en fraude de ley se considerarán indefinidos y partimos de la situación que hacer más horas de las que constan en contrato puede ser un fraude de ley.