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Reclamaciones a compañías aéreas

Las incidencias en los viajes aéreos están a la orden del día y cada vez más son los casos donde, antes de subir al avión y embarcar, se anuncia que el vuelo ha sido cancelado o sufre algún tipo de retraso. Dependiendo de la compañía el problema puede ser de mayor o menor consideración y los perjuicios del pasajero pueden llegar a ser importantes.

La mayoría de reclamaciones suelen ser por los siguientes motivos: retrasos, cancelaciones, overbooking o extravío o deterioro del equipaje. El pasajero debe saber que está amparado por el Reglamento 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque, cancelación o gran retraso del vuelo.

Así pues, en caso de retrasos, por ejemplo, el pasajero tendrá derecho a reclamar compensación económica cuando el vuelo lleva de retraso más de 3 horas. Se cuantifica 250 euros por un viaje de corta distancia, 400 euros por media distancia y 600 euros para todos los vuelos de larga distancia.

En el caso de las cancelaciones, se pueden llegar a pedir compensaciones de los 250 a los 600 euros, además del reembolso del vuelo cancelado y los gastos que se hayan podido generar.

En caso de darse la situación de overbooking, la aerolínea deberá ofrecerles diferentes opciones: reembolso del coste del billete, traslado al destino final lo antes posible, cheques de viaje, asiento en primera clase, etc.

Finalmente, para el caso que estemos ante un extravío o deterioro del equipaje, se puede reclamar hasta 1.300 euros por daño, retrasos o incidentes con las maletas.

Todas las aerolíneas ofrecen un canal de Atención al Cliente donde se puede gestionar la reclamación, si bien es recomendable contactar con un profesional experto en reclamaciones.

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Formar parte de una mesa electoral. Ideas importantes.

El nombramiento de los integrantes es competencia del Ayuntamiento y se eligen por el Pleno Municipal mediante sorteo público, utilizando un procedimiento aleatorio o mecanismo al azar entre personas censadas de edad comprendida entre 18 y 70 años.

La mesa la presiden el presidente y dos vocales, que se encargarán al final de la votación de hacer el recuento. El presidente, al finalizar la jornada, debe ir al Juzgado a presentar los votos.

Importante destacar que existe un manual muy útil enviado al domicilio donde se resuelven dudas o problemas.

Importante. Los miembros de la mesa tienen una serie de derechos tales como percibir una dieta o remuneración en dinero comprendida entre 50 y 70 euros; también tendrán derecho a reducir su jornada laboral de cinco horas al día siguiente y estarán protegidos por el sistema de la Seguridad Social frente a las situaciones que puedan derivarse de su participación en las Elecciones.

Ser miembro de la mesa es un deber y no puedes quedar exonerado a menos que cumplas con alguna causa que lo impida o lo justifiques debidamente.

Impedimentos serían, por ejemplo, ser discapacitado, pensionista con incapacidad permanente absoluta y/o gran invalidez, tener una baja médica considerable, estar embarazada de más de seis meses o estar en prisión.

Como causas justificadas podemos nombrar padecer alguna lesión, dolencia o enfermedad, previsión de intervención quirúrgica o realización de prueba médica relevante; pertenencia a confesiones religiosas que impliquen una incompatibilidad con formar parte de la mesa, cambio de residencia habitual a un lugar situado en otra comunidad autónoma o el cuidado de ciertos familiares.

En caso de no querer formar parte de la mesa se tienen siete días desde la designación para justificar tus motivos y posteriormente, en el plazo de 5 días, la Junta Electoral resolverá.

En caso de no presentarse sin alegar impedimento o excusa se puede incurrir en pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.

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Límites a la reducción de jornada para cuidado de menores

Las personas que tienen a su cargo un hijo o un familiar pueden optar a una reducción de su jornada laboral para cuidarlo.

La reducción de jornada por cuidado de hijos es una medida de conciliación de la vida laboral y familiar reconocido en el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores).

La reducción de jornada por cuidado de hijos la pueden solicitar quienes por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo un hijo menor de doce años, un hijo con discapacidad que no trabaje y aquellas personas que tengan a su cargo un familiar que por alguna causa de accidente no pueda valerse por sí solo o deba cuidar a un menor por cáncer o patología grave.

La duración máxima, como norma general, es hasta que el hijo o hija cumpla los doce años, aunque si es por enfermedades graves que requieran hospitalización la duración máxima es hasta que el menor alcance los dieciocho años. En el resto de casos no hay un límite máximo.

La reducción de la jornada laboral podrá ser desde un octavo hasta un máximo de la mitad y al reducirse la jornada también se verá reducido el salario proporcionalmente.

Para solicitar la reducción se requiere un preaviso de quince días al trabajo, salvo que el convenio disponga de otro plazo, y debe indicarse la fecha en la que iniciará y terminará el permiso. Se recomienda hacer la solicitud por escrito.

Una duda importante es, en caso de despido, con qué salario se calcula la indemnización. En estos casos se debe calcular con el salario como si no tuviese la reducción de jornada, siempre que no se haya superado el tiempo máximo de reducción.

Indicar que en caso de despido mientras se está disfrutando de una reducción de jornada el despido será improcedente y deberá ser declarado nulo.

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La pensión de alimentos a favor de los hijos menores

Cuando se da una situación de ruptura matrimonial y hay hijos menores implicados tenemos que tener en cuenta el interés superior del menor, que incluye el derecho de este a recibir una pensión de alimentos por parte del progenitor.

Los alimentos se regulan al artículo 237-1 y siguientes del Código Civil de Cataluña y se entiende que son alimentos todo aquello indispensable para mantener la vivienda, la comida, el vestido, la asistencia médica y los gastos de formación del menor.

El obligado a pagar estos alimentos es, generalmente, el progenitor que no ostente la guardia y custodia y tiene que reclamarlos la persona que represente legalmente al menor, que normalmente será el progenitor que sí la ostente.

El derecho a alimentos nace en el momento que se necesitan y, aunque de forma general no se puedan pedir los alimentos anteriores a la reclamación judicial, sí se permite hacerlo en el caso de los menores si la reclamación no se pudo hacer debido a una causa imputable a la persona obligada.

El pago se hará en dinero y la cuantía se determinará en proporción teniendo en cuenta las necesidades del menor y las posibilidades de la persona obligada a darlos.

Los alimentos podrán modificarse si cambian las circunstancias del menor y también pueden extinguirse por varias causas entre las que se pueden citar la muerte del alimentado o del obligado, la ausencia de rentas del obligado para poder pagar los alimentos o la mejora de las condiciones de vida del alimentado, de forma que no sea necesario recibirlos.

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La modificación de medidas definitivas en la separación y divorcio

En los casos de separación y divorcio los cónyuges acuerdan una serie de medidas que versan sobre aspectos como la relación de los cónyuges con los hijos comunes, el uso de la vivienda familiar, la pensión de alimentos a favor de los hijos, la pensión compensatoria, si cabe, a favor del otro cónyuge, entre otras medidas.

Cuando el juez las acuerda estas medidas pasan a ser definitivas, por lo que no podrán modificarse. Pese a ello, se prevé la posibilidad de modificar dichas medidas definitivas si se alteran sustancialmente las circunstancias económicas o personales que llevaron a adoptarlas.

Según la jurisprudencia, los requisitos para que se pueda llegar a acordar la modificación son, a grandes rasgos, los siguientes: 1-Existir un cambio sustancial de las circunstancias iniciales, por lo que un ligero cambio no bastará para solicitar la modificación; 2-El cambio debe darse por hechos posteriores a la sentencia donde se acordaron las medidas; 3- La alteración de las circunstancias debe tener carácter permanente en el tiempo y 4-El cambio debe venir dado por un acontecimiento ajeno a la voluntad de la persona que solicita la modificación.

Si se cumplen estos requisitos el interesado deberá interponer demanda acreditando el cambio de circunstancias e indicando en qué consistirá la modificación.

Una vez interpuesta la demanda los tribunales intentarán que las partes lleguen a un acuerdo de forma amistosa. De no ser posible, el juez deberá decidir si procede o no la modificación y, si llegara a estimarla, dará el visto bueno a las medidas nuevas que tendrán efecto sobre las medidas anteriores desde el momento que se dicte la sentencia.

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El procedimiento extrajudicial para reclamar la devolución de los importes cobrados por las cláusulas suelo

En primer lugar, hay que saber si tu contrato está afectado o no por una cláusula suelo, hecho que mucha gente ignora y una vez lo sepamos con toda seguridad el siguiente paso será abrir la vía extrajudicial, mediante una reclamación al banco invocando la sentencia de 21 de diciembre de 2016 del TJUE.

La entidad estudiará la solicitud y deberá responder con un cálculo de la cantidad a devolver, incluyendo intereses o, exponer las razones por las que no procede la devolución.

Tras esto, el consumidor debe manifestar si está de acuerdo con lo que ha dicho el banco y en caso que la solicitud sea desestimada podrá: a) Reclamar al servicio del defensor del cliente, en caso que la entidad esté adherida a dicho servicio; b) Reclamar al Banco de España, que se encargará de emitir un informe no vinculante para la entidad; c) Reclamar vía judicial.

El consumidor puede decidir ir a la vía judicial directamente, pero si en cualquier momento quiere negociar con el banco por vía amistosa podrá hacerlo. En ese caso la reclamación judicial quedará paralizada hasta que finalice la amistosa.

Durante este último año ha habido un aluvión de reclamaciones, sobre todo por vía extrajudicial. Sorprende encontrar comportamiento de todo tipo por parte de las entidades bancarias, pero una de las críticas principales hechas por los consumidores es que hay bancos que dejan “la carga de la prueba al afectado”, teniendo él que justificar por qué cree tener derecho a recuperar el dinero por el que se le ha cobrado.

Como consejos prácticos, en caso que eso ocurra, siempre es recomendable acudir a un profesional experto en la materia. Indicar que el trámite extrajudicial es totalmente gratuito y que incluso es posible iniciar la reclamación aunque la hipoteca ya esté completamente pagada, ya que el plazo de prescripción es de 15 años.

 

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Gastos derivados de la reclamación judicial para suprimir la cláusula suelo

¡Atención afectados por las cláusulas suelo!

Como recordarán, el 21 de diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que las entidades de crédito deberían devolver íntegramente el dinero cobrado por la aplicación de dichas cláusulas en las hipotecas.

Las cláusulas suelo (también llamadas cláusulas límite) se llevaban aplicando aproximadamente desde 2009 en los contratos de préstamo hipotecario y consistían, básicamente, en que independientemente de cómo estuviera el Euribor, el hipotecado debía satisfacer un mínimo de interés del cual no se podía bajar.

Si bien muchas reclamaciones judiciales por este concepto ya estaban iniciadas, la sentencia del TJUE fue el pistoletazo de salida a buscar un marco de reclamación extrajudicial, que es lo que se viene aplicando desde entonces.

Pues bien, el pasado mes de julio el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que establecía que el obligado a pagar estas costas es el banco para aquellos casos en los que el procedimiento de reclamación se haya iniciado antes del 21 de diciembre de 2016. Esta sentencia se basa en la protección al consumidor ya que si, a pesar de ganar el juicio, tiene que pagar las costas de un juicio, se produciría un efecto disuasorio para reclamar al banco y muchos afectados ni reclamarían.

No obstante, esta sentencia no es aplicable a las demandas interpuestas desde enero 2017 ya que ahora mismo no se puede demandar directamente al banco, sino que primero hay que pasar por un procedimiento extrajudicial, que explicaremos en artículo a parte.

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Importancia del atestado policial frente un accidente de tráfico

Desgraciadamente los accidentes de tráfico están a la orden del día y dependiendo de la tipología de accidente es muy habitual que intervenga la policía, para confeccionar un informe o atestado donde se dejará constancia de los hechos ocurridos y de los vehículos y personas implicadas, así como los testigos existentes.

Así pues, si sufrimos un accidente de tráfico y hay discrepancias con el contrario, se niega a colaborar llenando la hoja de accidentes o, incluso, se da a la fuga, es de vital importancia contactar con la policía. El atestado acontece un instrumento oficial avalado por las autoridades y, a la hora, sirve como denuncia judicial. El más interesante es que suele definir, en su versión de los hechos ocurridos, quienes ha sido el vehículo culpable del accidente.

Saber quién ha sido el causante del accidente será fundamental para dirigir la reclamación a la aseguradora culpable y, en este punto, la palabra de la policía tiene muchísimo peso y suele ser respetada por las compañías.

Tenemos que decir que la versión del atestado no es infalible ni indiscutible en el 100% de los casos. La policía también puede cometer errores o no tener en cuenta algunos aspectos. Por lo tanto, se puede rebatir el atestado con un informe de un perito técnico especializado en accidentes.

Desde que la policía recopila todos los datos, es habitual que tarde unas semanas al confeccionar el atestado. No será hasta entonces cuando se podrá solicitar y una vez tengamos claro quien ha sido el responsable se podrá dirigir la reclamación contra su compañía de seguros.

El atestado se puede pedir por cualquiera de los implicados, ya sean perjudicados, conductores, ocupantes, testigos, compañías de seguros, entre otros, a pesar de que se recomienda esperar a que lo pidan las compañías, puesto que lo suelen hacer, así te puedes llegar a ahorrar las tasas, que suelen ser de entre 40-60 euros.

Como información, hay que decir que en la provincia de Barcelona le corresponde a los Mossos d’Esquadra confeccionar los atestados de aquellos accidentes ocurridos en vías interurbanas. Para los accidentes ocurridos a las vías urbanas intervendrá la policía local del municipio en concreto donde haya tenido lugar el accidente.

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3 de octubre de 2017. Badalona en huelga

A raíz de la jornada del 1-O y en respuesta a los graves enfrentamientos que se vivieron en muchos puntos de Cataluña, se ha tomado la decisión de convocar una huelga general para el martes 3 de octubre de 2017.

La convocatoria está dirigida a todo el mundo, tanto a miembros de la patronal, empresarios, sindicados, trabajadores autónomos, entidades, instituciones y sobre todo a los trabajadores y, en general, todos los ciudadanos de Cataluña.

Es por este motivo que queremos dirigirnos a todos los ciudadanos de Badalona, en especial a los trabajadores, para informarles de los derechos que los amparan y hacer cinco céntimos de lo que implica hacer huelga.

El derecho de huelga es un derecho previsto al artículo 28.2 de la Constitución y al 4.1.e) del Estatuto de los Trabajadores, por lo tanto el trabajador es libre de adherirse o no en cualquier momento y ningún trabajador puede ser forzado a hacerla en contra de su voluntad.

En caso de adherirse, la empresa no puede utilizar este motivo para despedir al trabajador puesto que su ausencia no se computa como falta de asistencia. Se entiende que mientras dure la huelga el contrato del trabajador queda suspendido. Esto tiene repercusión en el salario del trabajador, puesto que el empresario no está obligado a pagarle durante el tiempo que esté haciendo huelga.

A pesar de todo, mientras dure la huelga el trabajador sigue de alta en la Seguridad Social, pero de forma especial, por lo tanto no cotizará.

El empresario no puede sustituir los huelguistas por otros trabajadores externos contratados para tal fin, aunque puede cubrir sus funciones con trabajadores que ya estén de alta en la empresa y que pertenezcan a la misma categoría o grupo profesional.

En cuanto a los piquetes, hay que recordar que la ley permite que hagan funciones informativas o persuasivas, pero en ningún caso uso de amenazas o coacciones, cosa que podría constituir un delito.

Desde este despacho queremos hacer un llamamiento a todos los ciudadanos de Badalona para que, tomen la decisión que tomen, lo hagan de forma responsable y respetando a los demás.

Para cualquier duda que pueda surgir restamos a vuestra disposición.

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Las excedencias laborales y, en especial, la excedencia por cuidado de familiares

Las situaciones de excedencia son aquellas donde el contrato laboral de un asalariado queda suspendido a petición del mismo trabajador.

Existen dos grandes clases de situaciones de excedencia. Por un lado la forzosa, donde el trabajador la pide por haber sido elegido para ejercer un cargo público o realizar funciones sindicales y, por otro lado, la excedencia voluntaria que puede ser solicitada por cualquier trabajador con una antigüedad mínima de un año.

La gran diferencia entre ambas es que en la forzosa se reserva directamente el puesto de trabajo para cuando el trabajador vuelva, mientras que en la voluntaria lo único que se reserva es un derecho preferente a volver a entrar en la empresa cuando haya un puesto vacante.

Al margen de estas dos modalidades existe la excedencia por cuidado de familiar que suele pedirse para cuidar a hijos menores de tres años o bien para cuidar familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

En el primer caso la excedencia podrá tener una duración máxima de tres años, sea el hijo natural o adoptado. En el segundo supuesto se requiere que el familiar no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe ninguna actividad retribuida y la excedencia podrá durar dos años como máximo.

Cabe recordar que esta excedencia computa a efectos de antigüedad y durante el primer año el trabajador tendrá derecho a reservar su puesto de trabajo. Durante el 2º y 3r año la reserva será para un puesto de trabajo del mismo grupo o categoría profesional. Y en ningún caso puede el trabajador ser despedido por solicitar y disfrutar la excedencia, siendo considerado el despido nulo por vulneración de derechos fundamentales.