El convencio regulador en la separación y divorcio

En las peticiones de separación y divorcio presentadas por ambos cónyuges o bien por uno de ellos con el consentimiento del otro , es decir, en aquellos supuestos en que los cónyuges están de acuerdo en cesar su vida en común, separándose o divorciándose, la Ley exige que junto con la respectiva demanda se incorpore un convenio que regule la situación. Durante el matrimonio se crean una serie de relaciones personales y económicas que requieren ser reguladas cuando la institución del matrimonio se extingue. Por ello, la ley prevé que sean los propios cónyuges quienes lleguen a un acuerdo sobre esos aspectos, interviniendo únicamente el Juez cuando resulta imposible el acuerdo.

Así pues, el convenio regulador deberá regular los extremos relacionados con los hijos, el matrimonio, posibles pensiones,… Concretamente tendrá que regular los siguientes puntos:

  • En primer lugar, en relación con los hijos sujetos a patria potestad, en caso de que existan, deberá determinarse en el convenio quien se hará cargo del cuidado de los mismos y el régimen de visitas, comunicación y estancia que deberá seguir el progenitor que no resida con ellos
  • En segundo lugar, debe acordarse a qué cónyuge se le atribuye la vivienda y el ajuar familiar
  • También se ha de determinar cuál será la contribución de los cónyuges a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y garantías
  • En cuarto lugar, deberá acordarse sobre la forma de repartir el patrimonio del matrimonio en su momento
  • En último lugar, acordar una pensión para el cónyuge económicamente más perjudicado con la extinción del matrimonio, si le corresponde, teniendo en cuenta circunstancias como la edad, salud, cualificación profesional, posibilidad de hallar un empleo, dedicación pasada a la familia, duración del matrimonio, etc.

Este convenio regulador generalmente será aprobado por el Juez. Únicamente no será aprobado si se considera que no es bueno para los hijos comunes o perjudica gravemente a uno de los cónyuges. En este último supuesto, si no se llega a un acuerdo entre las partes, será el Juez quien determine finalmente sobre las medidas a tomar sobre estos puntos. Sin embargo, respecto de los hijos, si tienen más de doce años o tienen suficiente conocimiento, el juez deberá oirlos antes de tomar una decisión.

La importancia del convenio regulador es fundamental ya que el cumplimiento de los acuerdos pactados en el mismo podrán ser exigidos judicialmente una vez este haya sido aprobado. El incumplimiento del mismo puede incluso generar responsabilidades penales.

No obstante, los acuerdos recogidos en el convenio no son intocables, puesto que pueden modificarse de mutuo acuerdo por los cónyuges o judicialmente según cambien las circunstancias reguladas.

Accidentes de tráfico ¿Qué sucede cuando en el siniestro existe también culpa por parte de la víctima?

En numerosos de los accidentes de tráfico que desgraciadamente se producen hoy día existe concurrencia de culpa por parte de la víctima, lo cual provoca que no se pueda atribuir al conductor imprudente la totalidad de la responsabilidad del siniestro.

En estos casos, la Ley exige un examen individualizado de los comportamientos de cada uno de los implicados, con objeto de determinar la responsabilidad penal y civil del citado conductor imprudente.

Entrando ahora en el examen de la cuestión planteada, decir que la culpa de la víctima en casos de accidente puede incidir de tres modos diferentes en la valoración de la responsabilidad:

1º) Disminuyendo la intensidad de la culpa del conductor agente, siempre y cuando la víctima hubiera participado también con su propia culpa en la causación del daño.

2º) Moderando la cuantía de la indemnización, si tal y como venimos insistiendo, el comportamiento de la víctima ha tenido una especial influencia en el resultado.

3º) Excepcionalmente cabe la posibilidad de eliminar todo rastro de imprudencia por parte del conductor, atribuyendo la culpa en exclusiva a la propia víctima. Esto será siempre así cuando la víctima haya sido la responsable del perjuicio mediante una actuación culposa o imprudente que resulte totalmente imprevisible y por lo tanto inevitable por parte del conductor, de tal forma que en este caso concreto, nos hallaremos ante la denominada “exoneración de toda la responsabilidad del activo”, o en otras palabras, ante la anulación de responsabilidad por parte del conductor ante la inexistencia de culpa.

En definitiva, si bien la principal consecuencia de un accidente es la indemnización de los daños y perjuicios causados derivados de dicho accidente, se ha de tener en cuenta la actuación culposa o no de la víctima, a la hora de fijar quien deberá responder por dichos daños.

Derechos y deberes de los inquilinos y los propietarios

Son muchas las personas (aunque cada vez menos) que, por diversos motivos, optan por alquilar un piso. Atendiendo a esta realidad, en el presente artículo pretendemos destacar brevemente los que consideramos principales derechos y deberes tanto de inquilinos como de propietarios. Sin embargo, antes de enumerar los mismos, tenemos que remarcar que nos centraremos en los contratos de arrendamiento de vivienda más actuales, los posteriores al uno de enero de 1995 (fecha de la entrada en vigor de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos).

No plantea dudas que la obligación básica del inquilino es pagar el alquiler y destinar la vivienda al uso convenido. Por otro lado, la obligación básica del propietario es poner a disposición del inquilino la vivienda alquilada en las condiciones básicas necesarias para que esta sea habitable. Sin embargo, más problemas plantea la realización de obras en la vivienda ¿quién debe hacerse cargo de las mismas? ¿qué consecuencias pueden tener? En relación a este tema hay que distinguir si las obras son realizadas por el inquilino o por el propietario, y si son de carácter necesario o si, por el contrario, son de mejora.

El arrendador es quien debe realizar todas las obras que sean necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad, sin que dichas obras den derecho a aumentar el alquiler. No obstante, para que lo anterior sea aplicable el deterioro objeto de las obras no debe haber sido provocado por el inquilino. En contrapartida, el inquilino deberá comunicar lo antes posible la necesidad de realizar reparaciones y deberá soportar las molestias que causen las obras, aunque si estas duran más de veinte días podrá exigir que se le disminuya el alquiler proporcionalmente.

El inquilino también deberá soportar la realización de obras de mejora si estas no pueden esperar a que finalice el contrato de arrendamiento (por ejemplo, obras acordadas por la comunidad de propietarios). No obstante, el propietario debe comunicar al inquilino con una anticipación mínima de tres meses que se han de realizar las obras y el inquilino, si lo prefiere, podrá desistir del contrato en el plazo de un mes desde la comunicación. Igual que en el supuesto anterior, el inquilino podrá exigir que se le disminuya la renta en proporción con la parte de la vivienda que no pueda usar durante las obras, y además también podrá exigir una indemnización por los gastos extra que éstas causen. Por último cabe destacar que las obras de mejora pueden dar lugar a un aumento del alquiler cuando se lleven ya cinco años de contrato.

¿Cómo formar una sociedad?

Esta es la cuestión que a continuación vamos a intentar abordar de forma simplificada, con el ánimo de solventar así aquellas dudas que muchas personas pueden llegar a plantearse cuando están a punto de fundar una sociedad.

Ante todo aclarar que por sociedad, podríamos entender en términos generales, aquella asociación de personas que libremente deciden aportar un dinero en común, con el propósito de crear así un fondo patrimonial para la sociedad, que les permita intervenir a todos ellos en la explotación de beneficios que finalmente se obtengan.

Por lo tanto, sabiendo ya a grandes rasgos que características definen una sociedad, indicar que los pasos básicos para su constitución pueden resumirse en los siguientes:

  • Obtener la denominación de la sociedad.
  • La citada denominación no podrá ser, en ningún caso, igual a la de otra ya existente, por lo cual, uno de los primeros trámites que deberemos realizar consiste en solicitar un certificado acreditativo de la denominación escogida.
  • Elaborar los estatutos por los que va a regirse la misma.
  • A continuación es preciso redactar los estatutos, las normas por las que va a regirse la nueva sociedad, que para que sean válidos deberán incluir una serie de puntos, tales como: el nombre de la sociedad, donde va a fijarse su domicilio, cual es el objeto o actividades a las que va a dedicarse, su duración, el capital con el que cuenta, la estructura del órgano de administración de la sociedad, el modo de adoptar acuerdos, etc.
  • Obtener el Certificado del banco.
  • El certificado bancario tiene por misión acreditar las cantidades aportadas por cada uno de los miembros a la sociedad, de forma que los interesados deberán proceder a abrir una cuenta a nombre de la sociedad, quedando garantizados realmente los ingresos efectuados por cada socio.
  • Acudir al Notario para firmar la escritura de constitución.
  • Solicitar el CIF de la sociedad.
  • Dicho documento será necesario para que la nueva sociedad pueda operar en el mercado.
  • Liquidar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados
  • Y por último, acudir al Registro Mercantil.
  • Se presentará la escritura en dicho organismo con objeto de que sea calificada en inscrita por el Registrador.