La situación actual de las pensiones públicas y el futuro incierto que se augura sobre ellas han provocado que la sociedad busque métodos alternativos para tener ahorros una vez alcancen la jubilación. Esos planes alternativos pasan por los instrumentos de ahorro privado que existen en el mercado y en ese sentido tenemos que hablar del Plan de Pensiones y el Plan de Jubilación.

A pesar de que ambos planes coinciden en ser instrumentos de ahorro privado destinados a complementar la pensión y aunque muchas veces se confundan entre sí son dos productos financieros diferentes.

Su funcionamiento, posibilidades de rentabilidad, disponibilidad para recuperar el capital acumulado y, especialmente, su fiscalidad difiere totalmente.

En términos generales debemos indicar que el Plan de pensiones es un producto financiero o herramienta de ahorro a largo plazo en el que el pensionista realiza aportaciones periódicas que en el futuro te permitirán percibir rentas o capitales. En cambio, el Plan de Jubilación está basado en un seguro que cubre ciertos supuestos e implica que cuentas con una póliza gestionada por una compañía de seguros en la que se realizan aportaciones.

La liquidez de ahorro es una diferencia entre ambos, ya que el plan de pensiones se encuentra restringido a que se cumpla la contingencia. La jubilación es la principal, pero existen otras como desempleo, enfermedad grave, etc. Si no se acredita la contingencia no es posible disponer del ahorro. En el plan de jubilación, en cambio, puede rescatarse el ahorro en cualquier momento en función de las condiciones acordadas.

La naturaleza de ambos también difiere, ya que el plan de jubilación es más conservador y ofrecerá una rentabilidad mínima conocida desde el principio, mientras que el plan de pensiones, al ser un producto financiero, invertirá en mercados financieros de mayor o menor riesgo y podrá tener intereses mayores.

Ambas alternativas tienen aspectos positivos y dependiendo del perfil del beneficiario, ingresos, edad, etc, será más recomendable acceder a una u otra vía.

Para el buen funcionamiento de una Comunidad de Propietarios se deben establecer unas cuotas comunitarias que liquidan todos los propietarios de la finca. Esas cuotas serán de utilidad para cubrir cualquier servicio que se dé en la Comunidad, ya sea interno o externo. Desde el pago del servicio de limpieza de la escalera hasta el mantenimiento del ascensor, hasta pintar extraordinariamente la fachada, todo ello se consideran gastos necesarios en la Comunidad y la liquidez para hacer frente al pago de dichos servicios sale de las cuotas que aportan los vecinos.

Uno de los problemas a los que debe hacer frente habitualmente una Comunidad es el impago de las cuotas por parte de algún vecino, bien porque no tiene liquidez para pagarlas, bien porque considera que no las debe, bien por dejadez. Los motivos pueden ser muy variados pero el caso es que el impago provoca un agujero en las cuentas comunitarias que debe ser resuelto.

Ante la situación descrita lo primero que hay que hacer es celebrar una reunión de propietarios donde se deberá determinar la deuda y acordar requerir de pago al vecino moroso. También debe hacerse constar que en caso de que no atienda el requerimiento la deuda podrá exigirse de forma judicial.

El primer legitimado a reclamar al vecino es el Presidente, aunque también puede hacerlo el Administrador. Es recomendable el envío de un burofax al vecino moroso indicándole la deuda que hay así como la intención de la Comunidad de acudir a la vía judicial.

Si pasado el plazo dado en el burofax no liquida la deuda la Comunidad podrá demandar al vecino moroso. En la demanda se deberá adjuntar como archivos adjuntos el Certificado de Deuda, el Acta donde se acuerda demandar y sobretodo el intento de notificación al vecino mediante burofax.

Es recomendable adjuntar también una nota simple del Registro de la Propiedad que identifique al vecino en cuestión como el propietario del inmueble donde recae la deuda.

Mediante el procedimiento judicial se podrá llegar a solicitar medidas de averiguación patrimonial y embargos contra el vecino moroso, hasta recuperar la totalidad de la deuda.

El 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajador, reconocido en muchos países del mundo, entre ellos España y más de un siglo después conviene recordar la génesis y lo porque de esta fecha que marcó un antes y uno después en las condiciones laborales de muchos trabajadores de todo el mundo.
Nos tenemos que situar en los Estados Unidos en 1886. Durante aquellos años la media horaria de las jornadas laborales eran de 10 a 12 horas. Dos años antes, al 1884, la Federación Americana del Trabajo impuso el hito de pedir la jornada laboral de ocho horas y se escogió el día 1 de mayo de 1886 como fecha tope para cumplir esta reivindicación.
Llegada la fecha muchos trabajadores no vieron cumplidas sus expectativas por parte de la patronal y se iniciaron una serie de huelgas a todo el país, siendo la más importante en la ciudad de Chicago, donde las condiciones laborales eran muy peores.
En medio de numerosos enfrentamientos, alguien tiró una bomba que acabó con la vida de 15 policías y se acusó malintencionadamente y en un juicio sin garantías a varios sindicalistas. Cinco de ellos, los conocidos como “Mártires de Chicago”, fueron condenados a muerte.
Inicialmente la celebración era una jornada de lucha reivindicativa y homenaje para no olvidar aquellos hechos, si bien hoy en día esta historia ya no se recuerda mucho y la festividad sirve para reivindicar los derechos de los trabajadores en general.
Hay que destacar que en España durante la Dictadura Franquista sólo se permitió la celebración a partir de 1954, cuando el Papa *Pius XII declaró la fiesta con un nuevo cariz orientado a obreros católicos. No fue hasta la llegada de la democracia cuando la fiesta empezó a adquirir el sentido actual.

La carta verde, también conocida como Carta Internacional de los Seguros de Vehículos a Motor, es un documento de seguro suscrito por todos los seguros de un país determinado  que acredita que un conductor está asegurado en un país extranjero adherido a este sistema específico.

El ámbito de actuación de la carta verde está reconocido por 45 países en todo el mundo y se extiende básicamente por toda Europa junto con algunos otros países como Rusia, Irán, Israel, Marruecos y Túnez.

Tener la carta verde implicará que, aunque esté en el extranjero, el alcance del seguro se extenderá también.

No es necesario tener la carta verde físicamente para viajar dentro de la Unión Europea ya que cada póliza de seguro de automóvil emitida en un estado miembro de la UE garantiza la cobertura mínima de seguro requerida por la ley del otro estado miembro. Tampoco es necesaria para viajar a Andorra, Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein.

Sí será necesario llevarla físicamente para viajar a países fuera de la UE por lo que antes de iniciar un viaje es conveniente que tu compañía de seguros te la emita.

En caso de accidente de tráfico en un país extranjero es importante actuar como si hubiese ocurrido en España. Es recomendable no abandonar el lugar de los hechos y si es preciso llamar a las autoridades de la zona y servicios de emergencia. Hay que rellenar el parte al momento utilizando el modelo de parte europeo de accidentes, anotando como datos mínimos el lugar y fecha del accidente, la información de posibles lesiones, daños materiales, testigos y croquis de lo ocurrido, así como la matrícula de los vehículos implicados y la causa del mismo. La declaración debe firmarse por todos los implicados. Importante hacer fotografías del momento y dar parte al seguro lo antes posible.

La responsabilidad penal de los menores está regulada en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores y se aplica a las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho que cometan hechos tipificados como delitos según el Código Penal.

Esta ley introdujo dos novedades muy importantes y demandadas por los ciudadanos.

Por un lado, contempló por primera vez la responsabilidad civil del infractor, con el objetivo de intentar reparar el daño causado a la víctima y que esta no quedara desamparada. De ahí nace la posibilidad de que a los padres del menor se les atribuya la responsabilidad civil solidaria respecto al daño que sus hijos causen.

Por otro lado, introdujo un régimen específico para mayores de 14 años y menores de 18, según el cual se puede exigir responsabilidad por cometer hechos tipificados como delitos por el Código penal, buscando su reinserción y adaptándolo a la edad, de manera que la ley no impone “penas”, sino “medidas” orientadas a la reeducación.

Dentro de las medidas más habituales encontramos el internamiento en diferentes tipos de regímenes (cerrado, semiabierto, abierto), centros de día, permanencia de fines de semana, libertad vigilada, entre otros.

En 2006, a raíz de casos tan desgarradores como el de Sandra Palo, se realizó una modificación mediante la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, que contempla la posibilidad de alargar el tiempo de internamiento en los centros hasta cinco años con un máximo más de 3 años de libertad vigilada y la posibilidad que el delincuente continúe cumpliendo la medida incluso habiendo alcanzado la mayoría de edad.